En Uruguay, el sector del transporte de cargo, variopinto, registra una altísima evasión fiscal y condiciones laborales propia de otros tiempos.
Hace unos años, a pedido del Sindicato único de carga y transporte (Suctra) el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT realizó un diagnóstico del sector.
Los datos claros: 70% asalariados; 20% cuentapropistas.
En una parte del diagnóstico, el Instituto señala que “si observamos el nivel de actividad sectorial, la producción del transporte y almacenamiento ha mostrado un crecimiento superior a la media de la economía en varios de los últimos años, expandiendo notablemente su parque automotor, que pasó de unos 25 mil vehículos comerciales en 2010 a cerca de 49 mil en el año 2022, lo que representa un crecimiento superior al 90%.
“Desde el punto de vista laboral, según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) el sector ocupa a unas 25 mil personas, de las cuales un 70% son asalariados, un 20% son trabajadores por cuenta propia con local o inversión, y un 8% son patrones”.
BID: informalidad es del 23%.
“Por otra parte, los registros del Banco de Previsión Social (BPS), dan cuenta de un número superior que supera los 39 mil trabajadores”.
“Según la información del informe del BID y Exante del año 2022, con datos oficiales provenientes de la ECH, la informalidad general del sector ronda el 23% y asciende a más del 40% en el caso de los trabajadores cuentapropistas”.
En el documento se manifiesta que “en el año 2017, los propios actores gremiales e institucionales del sector habían denunciado ante el Parlamento que, en la práctica cotidiana, el 90% del transporte de carga no cumple con las normas laborales vigentes”; cuestión que no se ha modificado mayormente.
“En este sentido, el trabajo del BID confirma que esta informalidad no se distribuye de manera homogénea: está vinculada, mayoritariamente, a las empresas de menor tamaño y rentabilidad”.
“Un trabajador en una empresa con un solo empleado, dice el Cuesta-Duarte, tiene mayor probabilidad de trabajar en la informalidad que en empresas de mayor tamaño (31% vs. 2%)”
“Asimismo, este problema golpea mayormente a los trabajadores más jóvenes y a aquellos con menores niveles educativos, evidenciando que la informalidad es un resultado endógeno asociado a la baja productividad y
supervivencia, más que a simples debilidades de gestión empresarial”.
Haciendo moñas para aumentar renta.
La evidencia recabada demuestra que la informalidad se materializa a través de un abanico de mecanismos sofisticados.
“En primer lugar, se constata una subdeclaración sistemática de ventas y rentas, así como la ausencia total o parcial de aportes al BPS en diversos eslabones de las cadenas logísticas. Esta evasión se agudiza particularmente cuando la carga, ya sea madera, granos o carne, se destina al consumo interno o a mercados locales, evadiendo los estrictos controles que sí existen para la exportación o para las grandes plantas industriales”.
“En segundo lugar, encontramos la subdeclaración salarial y horaria. Por ejemplo, para el año 2025, mientras un chofer puede percibir un ingreso real de 103.800 pesos uruguayos trabajando 8 horas más 4 horas extras, el sueldo promedio declarado al BPS apenas promedia los 47.656 pesos, generando una diferencia no declarada superior a los 56.000 pesos mensuales por trabajador”.
“Finalmente, existen mecanismos de evasión puramente fiscales y operativos. Algunas empresas utilizan los topes de beneficio del IVA asignados al transporte para descontar impuestos que no les corresponden, y desvían el uso del gasoil subsidiado hacia actividades no contempladas por la ley. En las zonas fronterizas, por ejemplo, durante la zafra arrocera se ha detectado el uso masivo e ilegal de gasoil de contrabando proveniente de Brasil, cuyo costo es drásticamente inferior, eludiendo la tributación nacional”.
Evasión entre 630 y 680 millones de dólares, recursos nada despreciables.
El estudio manifiesta que, si “cuantificamos el perjuicio al Estado, las cifras son importantes. Según nuestras estimaciones, que contemplan la diferencia entre los ingresos reales con horas extras y los salarios declarados, la evasión total sumando los perjuicios al BPS y a la Dirección General Impositiva (IRAE e IRPF) podría ascender a cifras que oscilan entre los 630 y los 680 millones de dólares anuales.
“Estos números van en la línea de las denuncias gremiales que, en el pasado, han situado la evasión en una franja de entre 350 y 500 millones de dólares por año”.
“El impacto social y comercial, de esta situación, destruye el tejido productivo del país, donde los trabajadores se encuentran en el medio de una puja entre los sectores proclives a la formalización y los que pretenden mantener la situación actual”.
¿Qué hacer?
El estudio entiende que “deberíamos aplicar controles más inteligentes y articulados. El Estado ya dispone de toda la información necesaria, pero se encuentra de manera fragmentada. Ya se sabe que cada camión que pasa por una balanza oficial o por un peaje, y cada vehículo que ingresa a un puerto, zona franca o paso de frontera, deja un registro ineludible de su matrícula, su horario y la cédula del conductor”.
Por lo tanto, “se debe acelerar la implementación de las guías de carga electrónica vinculada al rastreo satelital.
Algo que es defendido por todos los trabajadores y trabajadoras organizadas”.
“En segundo lugar, es necesario interconectar las distintas bases de datos entre el Ministerio de Transporte, DGI, el BPS y el Ministerio de Trabajo, que permitan auditorías automáticas o en tiempo real. Ya existe un número importante de empresas de transporte que cuentan con servicios de GPS contratados para sus flotas”.
“En tercer lugar, sería deseable seguir mejorando las capacidades de información relacionadas al observatorio, actualizando la información de manera recurrente y por qué no, un estudio actualizado y ampliatorio (con capacidades nacionales) como el que fue solicitado al BID en el 2020”.
Compromisos internacionales.
El Uruguay tiene compromisos internacionales que implican formalizar este sector de actividad. Recientemente, unos denominados autoconvocadas, se movilizaron a lo largo el país, reclamando la no implementación de la guía electrónica de carga.
Aducían, incrementos de costos, pérdida de tiempo, impericia y falta de internet el algún sitio del país.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, aseguró, en su momento, “ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores que “la Guía Electrónica de Carga no constituye un impuesto, no tendrá costo y será implementada de forma gradual y progresiva una vez culminado su proceso de diseño”.
Junto al Felipe Martín, director nacional de Transporte del Ministerio la jerarca “informó sobre los avances de la herramienta y respondió las consultas de los legisladores”.
El MTOP “mantiene una política de diálogo abierto con todos los actores vinculados al transporte de carga y se vienen realizando reuniones con distintos grupos de transportistas autoconvocados de todo el país. No pretendemos imponer”.
Se hace difícil la negociación pues, una parte del sector, actúa por la libre, sin referencias gremiales.
Etcheverry remarcó que la guía es “una herramienta que continúa en etapa de desarrollo y que busca simplificar procesos administrativos”.
“El transporte profesional de carga es una actividad regulada y la responsabilidad regulatoria corresponde a la dirección nacional de Transporte”.
Etcheverry explicó que “el objetivo es saber qué carga circula, en qué cantidad y por qué rutas. Esa información es muy importante para un país cuya identidad está asociada a la trazabilidad y a la calidad”, señaló.
Actualmente, “no hay multas ni penalizaciones porque la herramienta todavía está en desarrollo. Cuando lleguemos a acuerdos sobre sus características y los tiempos de prueba, definiremos junto a los transportistas una implementación gradual y progresiva”.
La ministra vinculó la iniciativa “con la estrategia de infraestructura y logística que impulsa el gobierno, basada en una distribución equitativa de las inversiones y en la mejora de la conectividad en todo el territorio nacional”.
Desde el Cuesta-Duarte, asumido por el sindicato, se entiende que “el camino hacia la transparencia requiere voluntad política, ya que los elementos técnicos se encuentran disponibles”.
