En un curioso e interesado posicionamiento, sectores empresariales y de la oposición política aspiran a que cuando surja un conflicto, la organización sindical en cuestión avise con tiempo cuando va a tomar medidas; y abundan en argumentaciones.
Pero ahora, -vista alguna conducta empresarial-, que opta, una vez sí y otra también, sin decir agua va, por enviar gente al seguro de paro o levantar los bártulos y cerrar las puertas; y el gobierno quiere disminuir el enorme impacto social de tales acciones, se oponen radicalmente. Sobran ejemplos de empresas que, de un día para el otro cierra y se van.
Como una medida precautoria, que no siempre impediría el cierre, el MTSS plantea un proyecto de ley (al amparo del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT) por el cual la empresa debe realizar con cierto tiempo un preaviso que ejecutará despidos. Los opositores soslayan los impactos sociales, sanitarios y comunitarios que generan los intempestivos despidos; la sorpresa deja inerme al MTSS. Cuando llega, está “el pescado vendido”. Búsqueda dice que el planteo “fue recibido con inquietud por el sector empleador”.
Con su clásica independencia política, el PIT-CNT impulsa la aplicación de un impuesto del 1% al sector más rico del país y la rebaja de la carga semanal de trabajo.
Sobre esto último, “el director regional adjunto de la OIT, Fabio Bertranou, indicó que Uruguay es más “propicio” a implementar la reducción del tiempo laboral a nivel sectorial por su “larga tradición de negociación colectiva”. Chile con gradualidad, y acuerdos entre los actores, definió reducir la semana laboral de trabajo. En Uruguay, el gobierno aspira que el asunto sea tratado en el Consejo Superior Tripartito de negociación.
