Enmarcado en el inicio de la campaña electoral, tanto el gobierno nacional como el departamental de Maldonado celebran, paseándose por distintos medios, el realojo de las casi 500 familias del barrio Kennedy, en Punta del Este. El Kennedy tiene historia y surgió, hace 60 años como un barrio obrero, en un tiempo donde Punta del Este atraía gente, como hoy, que buscaba trabajo.
Algunas donaciones efectuadas por el gobierno de los EE. UU como un Jeep, una electrobomba, un grupo electrógeno, alternador, determinó en nombre: “pueblo obrero presidente Kennedy”. Los vecinos contaban con una comisión que administraría los bienes obsequiados y otros aspectos de la vida comunitaria. Quedó establecido que los implementos donados podían ser utilizados por el Consejo Departamental de gobierno; antecedente de lo que hoy se denomina Intendencia. El barrio, de alguna manera, tuvo anuencia. del gobierno.
La expulsión de la gente, -de eso se trata-, pese a que se soslaye, borró identidades, arraigos, pertenencias. Dos cuestiones son ciertas: el barrio fue cambiando y el PN, desde la gestión departamental, entendió que el proceso no debería ser una mera expulsión. De ahí a generar un fideicomiso (endeudamiento a futuro) por 35 millones de dólares, trasladar a la gente a un lugar no muy alejado y entregarle una vivienda en forma accesible, con infraestructura y servicios. Además, y pese a tener dos tercios en la Junta Departamental (21 votos) para llevar adelante su iniciativa, aceptó propuestas de la oposición (que en esta materia tiene posiciones contradictorias) incluyendo la conformación de una comisión Especial de Seguimiento del Programa de Relocalización del Asentamiento Kennedy. La misma podía (¿se concretó?) acceder a información relevante. La otra virtud que tuvo el PN de Maldonado fue hacer un trabajo social de persuasión con los vecinos, combinada con la debida presión. No fue, sustancialmente, un proceso que se llevó a los ponchazos, lo cual dista de una efectiva participación de los afectados.
Al leer la versión taquigráfica del debate en la JD que habilitó, en forma unánime, a finales del 2021 la constitución del mencionado fideicomiso se entiende que, de hecho, se hizo acuerdo con la solución sin preguntarse porque la regularización no podía hacerse en el mismo barrio. Además, las tierras son municipales. En un ejercicio de pragmatismo, un edil frentista, dijo que la actitud de la bancada no fue decir «no votamos nada, nos vamos para nuestras casas y nos quedamos pataleando. Y más en Maldonado que es el único departamento que ha crecido constantemente a lo largo de los años haya crisis o no. O sea que Maldonado necesita, sí o sí, recursos para invertir en políticas de vivienda en el departamento”. Aunque esto no sea una política de vivienda.
Mas allá del constante pase de factura entre el PN y el FA, en la sesión de noviembre del 21, donde se discutió el fideicomiso, algunas intervenciones oficialistas revelaron el verdadero fondo del asunto: se trataba de expulsar a la gente, (en mejores condiciones que planteos anteriores), sin mayores costos políticos y seguir alimentando la especulación inmobiliaria y los negocios donde los trabajadores no tienen cabida. Se van constituyendo guetos, también de ricos. Había que sacar a la gente que estaba cercana al club de Golf.
Fueron reveladoras las palabras de la edila oficialista Stephanie Braga, “no es lo mismo tasar un terreno con un asentamiento en su seno que hacerlo el día que la última familia pueda ser relocalizada y ese terreno quede vacío. Seguramente el terreno y todo su entorno tenga una revalorización, esa es la realidad”.
Al aplaudir la solución que pergeñó la Intendencia, -metiendo para adentro a la oposición- se perdieron de vista otras alternativas que quedan lejos de la mecánica de expulsión y de la conformación de una ciudad dual que alimenta con ahincó la especulación inmobiliaria; ferozmente impulsada por el gobierno departamental. ¿Dónde está escrito que no se podía hacer un proyecto socio urbano en el propio barrio, incluyendo por ejemplo (no solamente), cooperativas de vivienda?
El producido de la venta de las tierras desafectadas (unos 15 millones de dólares) tendrá como destino la amortización del fideicomiso. A la actual administración fernandina ni se le pasa por la cabeza generar una cartera de tierra. Su decisión política es generar las condiciones para que los especuladores hagan sus suculentos negocios.
Tal ha sido el aprendizaje del PN, -extremo que no contradice la política general por el contrario la potencia- y ello tiene que ver con que se desaloja y se arbitran mecanismos (paso con el barrio El placer) para evitar nuevas ocupaciones. Seguramente en Maldonado ya se sepa quienes, por una bicoca, se harán de las hectáreas donde estuvo por 60 años un barrio obrero en un balneario top.
