Este 20 de mayo, a 50 años de los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Zelmar Michelini, Rosario Barredo y William Whitelaw, se realiza una nueva marcha del silencio, en todo el país.
Aumento de causas.
Desde que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad se creó hubo un aumento en las causas sobre crímenes de la dictadura que tuvieron resolución judicial.
En el marco del Mes de la Memoria, el fiscal a cargo de esa unidad, Ricardo Perciballe, dijo la semana pasada en La mañana de la diaria radio que actualmente manejan “101 causas con procesamientos y con condena”, de las cuales “15 fueron anteriores a la creación de la fiscalía y las otras restantes, que son 86, fueron todas a partir de su creación”.
Por otro lado, indicó que hay “diez pedidos de procesamientos que están pendientes y 15 causas por prófugos” que se están monitoreando.
Lo anterior implica un universo de “186 personas alcanzadas en esas 101 causas”, aunque muchas se repiten y el número efectivo de individuos responsables de delitos oscila entre 120 y 130. “Lo otro, que también es significativo, es que hoy ya el número de condenas es muy superior al número de procesados, porque obviamente la condena significa finalizar el juicio y que ya no haya ninguna duda sobre la responsabilidad de las personas”, acotó.
La importancia de acceder a los archivos.
Perciballe subrayó la importancia de acceder a los archivos producidos por los organismos represores. Señaló que se tuvo acceso a documentación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y de Fusileros Navales, pero aún no del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y el Servicio de Información de Defensa (SID), a los que definió como “clave”.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas asegurar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a los archivos militares. Tras décadas de democracia “es inaudito que no se pueda acceder a los archivos y que haya siempre alguna traba burocrática que lo imposibilite”, dijo Perciballe al respecto, y opinó que al momento de entregar la información “la INDDHH tiene que estar”, porque “es la que tiene la experticia”, aunque “si lo debe hacer sola o acompañada es otro tema”. “Si queda en manos de los militares, siempre nos va a quedar la duda de lo que nos están entregando”, aseguró.
Perciballe evaluó que Uruguay, por sus vínculos multilaterales con la ONU y la OEA, tiene “la obligación internacional de perseguir este tipo de delitos, investigarlos, juzgarlos y eventualmente condenarlos”: “De eso se trata, de tener una conducta proactiva en la búsqueda de los archivos, como en la búsqueda de los prófugos, como en un montón de temas que estamos siendo omisos e incumpliendo nuestras obligaciones internacionales”.
Acceso a los archivos.
Perciballe subrayó la importancia de acceder a los archivos producidos por los organismos represores. Señaló que se tuvo acceso a documentación de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y de Fusileros Navales, pero aún no del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y el Servicio de Información de Defensa (SID), a los que definió como “clave”.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, firmó una resolución que encomienda a las Fuerzas Armadas asegurar el “acceso irrestricto” de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a los archivos militares. Tras décadas de democracia “es inaudito que no se pueda acceder a los archivos y que haya siempre alguna traba burocrática que lo imposibilite”, dijo Perciballe al respecto, y opinó que al momento de entregar la información “la INDDHH tiene que estar”, porque “es la que tiene la experticia”, aunque “si lo debe hacer sola o acompañada es otro tema”. “Si queda en manos de los militares, siempre nos va a quedar la duda de lo que nos están entregando”, aseguró.
Perciballe evaluó que Uruguay, por sus vínculos multilaterales con la ONU y la OEA, tiene “la obligación internacional de perseguir este tipo de delitos, investigarlos, juzgarlos y eventualmente condenarlos”: “De eso se trata, de tener una conducta proactiva en la búsqueda de los archivos, como en la búsqueda de los prófugos, como en un montón de temas que estamos siendo omisos e incumpliendo nuestras obligaciones internacionales”.
Sistematizar información.
El fiscal dijo que “siempre es bueno plantear el trabajo que se está haciendo y más si es posible avanzar en la lista inicial”, compuesta por 197 detenidos desaparecidos, pero que “no es estática y probablemente haya otras situaciones”. En ese sentido, dijo que le consta que la institución “está en ese camino” y trabaja para que “se pueda ampliar”.
“Es parte de un largo camino que siempre lo tomaron en forma constante, permanente y con mucha responsabilidad los colectivos de víctimas. Si no hubiera sido por ellas no estaríamos en este lugar, porque los órganos del Estado por regla han sido omisos”, respondió consultado por la conformación de la lista y posibles inclusiones. Dijo que al realizar trabajo de campo encuentran situaciones que “nunca se habían denunciado”: “La gente, durante mucho tiempo, no denunció porque no creía en el Estado y no creía que hubiera una investigación, menos una investigación efectiva. Con la creación de la fiscalía especializada, cuando se vio que había una política de Estado sobre la materia y avances, surgieron nuevas denuncias”, afirmó.
“Es parte de un largo camino que siempre lo tomaron en forma constante, permanente y con mucha responsabilidad los colectivos de víctimas. Si no hubiera sido por ellas no estaríamos en este lugar, porque los órganos del Estado por regla han sido omisos”, respondió consultado por la conformación de la lista y posibles inclusiones. Dijo que al realizar trabajo de campo encuentran situaciones que “nunca se habían denunciado”: “La gente, durante mucho tiempo, no denunció porque no creía en el Estado y no creía que hubiera una investigación, menos una investigación efectiva. Con la creación de la fiscalía especializada, cuando se vio que había una política de Estado sobre la materia y avances, surgieron nuevas denuncias”, afirmó.
Plan Cóndor.
Uno de sus ejes de trabajo es la causa por el Plan Cóndor, que comprende la desaparición forzada de Washington Barrios y Manuel Liberoff; los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo; las privaciones de libertad de Gabriela Schroeder; la apropiación de Macarena Gelman y la situación de Mariana Zaffaroni, entre otros crímenes que se cometieron en el período de investigación que “arranca en febrero de 1974 y culmina en octubre de 1976”.
Jubilaciones de militares prófugos.
La fiscalía que encabeza Perciballe denunció penalmente que el exintegrante de la Fuerza Aérea Roberto Freddy Amorín Maciel, así como otros dos exmilitares prófugos en el exterior, Tabaré Camacho y Jorge Grau, continuó cobrando su pasividad luego de que el consulado uruguayo en Miami le entregase una fe de vida, documento que precisaba para acceder a dicho cobro. Por este tema Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos le pidió una reunión al presidente de la República, Yamandú Orsi.
“Aquí lo que vimos es que no solo no hay cooperación, como corresponde, sino que hay omisiones, y omisiones muy graves”, valoró Perciballe, y consideró que “no puede ser” que, aunque exista una circular del Ministerio de Relaciones Exteriores advirtiendo que están prófugos, “una cónsul entregue un certificado de vida y acá no ha pasado nada”.
Perciballe dijo que tampoco “es lógico” que se continúen pagando las pensiones cuando hubo oficios del Poder Judicial “en los que se le comunicaba, en forma expresa, que estaban prófugos”. En función de que “el principio general para pagar un beneficio es que la persona viva en Uruguay”, el representante del organismo previsional debe corroborarlo y, si no está, “está incumpliendo con su obligación de vivir en Uruguay y se puede perfectamente suspender”.
“No se hizo eso. Se hizo caso omiso con el oficio del Poder Judicial y se fue negligente en no constatar, y se pagó. ¿Eso es una medida proactiva para la persecución, o es una medida obstructiva u omisiva claramente? ¿No estamos frente a un delito, no hay un eventual desacato, no hay un encubrimiento de la situación de estas personas, no hay un fraude?”, se preguntó.
