El pasado 15 de mayo fue el día Nacional del Trabajo Social en Uruguay; lo que ameritó la emisión de una declaración por parte de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU) En la misma señalan que la fecha sirve “para la visibilización de nuestra profesión, que está cerca de cumplir sus primeros 100 años en Uruguay, desde las primeras formaciones de las visitadoras escolares, en 1927”. El trabajo social se relaciona íntimamente con las políticas y programas sociales, por lo que sus participes conocen sus “alcances, resultados y consecuencias”. Las y los trabajadores sociales ven ampliar los niveles de pobreza. “Son indicadores de ello, el aumento de las personas en situación de calle en todo el país; los niños, niñas y adolescentes duplican los índices de pobreza de las personas adultas, en un aumento significativo en relación al año previo a la pandemia; más de 15 mil personas se encuentran privadas de libertad, mayoritariamente varones jóvenes pobres, de los cuales 53,5% son analfabetos; como consecuencia de la LUC, que tipifica el microtráfico como delito inexcarcelable, sin atacar las causas que conducen al mismo, hoy asistimos a un aumento significativo de mujeres pobres privadas de libertad; el 15% de los hogares se enfrenta a inseguridad alimentaria y asistimos a un aumento de las violencias, territoriales y en los hogares, siendo la violencia de género y hacia niños, niñas y adolescentes, las prevalentes”. La declaración que describe un panorama sombrío da cuenta de 24 femicidios el año pasado y la existencia de una denuncia por violencia de género cada 12 minutos. Los trabajadores/as agremiados manifiestan que entre mayo del 21 y abril del 23 “se atendieron 119 casos de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas y que 50% de esos embarazos fueron producto de abuso sexual, el SIPIAV registra un aumento en la población infantil y adolescente atendida”.
Mientras esto sucede, aumentan las exportaciones, los depósitos bancarios y la concentración de la riqueza. En año electoral los trabajadores/as sociales se proponen debatir en defensa de un “sistema de protección social que garantice bienestar a toda la población”. Las cooperativas de vivienda son contestes en el importantísimo rol que cumplen estos profesionales, empatizando con los distintos grupos, abordando temas complejos que muchas veces exceden sus competencias.
