Tirios y troyanos hablan de la necesidad de contar con herramientas para controlar el vasto mar uruguayo. Desde hace unos 20 años se busca la adquisición de patrullas oceánicas (OPV por sus siglas en inglés) Principios tienen las cosas.
En el 2021, el gobierno de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino realizó un llamado a licitación para adquirir dos buques OPV. El llamado, inicialmente, quedó desierto.
Luego apareció Cardama que había quedado rezagada. No obstante, el Ministerio de Defensa, -a cargo del hoy senador Javier García- encomendó la compra en 2023 a Cardama. Es obvio que con la anuencia del entonces presidente de la República; que tendrá que dar explicaciones.
Entonces en diciembre de 2023, se contrató a Cardama por 82 millones de euros para que construyera dos OPV. El astillero, con poca espalda, demoró 11 meses en conseguir las garantías que establecía el contrato, una de reembolso y otra de fiel cumplimiento; ambas fueron cuestionadas por el gobierno. Desde el periodo pasado, el FA objetó esta compra.
Hay muchas cosas que el gobierno anterior debe explicar, entre ellas por qué la contratación de Cardama, -sin experiencia en la construcción de las patrullas requeridas-, por qué se actuó con tanta laxitud y tolerancia.
En el marco del caos mundial, como uno de los oferentes era China, algunos analistas presuponen que pudo mediar “presión” de EE.UU para descartar al gigante asiático. Es sabido que el imperialismo quiere volver a contralor a América Latina; “su patio trasero”.
En octubre del año pasado, cuando el gobierno detectó irregularidades al intentar ejecutar la garantía de fiel cumplimiento que el astillero vigués había presentado por intermedio de la británica Eurocommerce Bank detectó “fuertes indicaciones” de “una estafa o un fraude”, lo que motivó una denuncia penal y civil. El Ejecutivo apuntó que tenía “fuertes indicaciones” de “una estafa o un fraude”, La denuncia penal fue ampliada en diciembre. “La garantía no existía o, peor aún, teníamos un documento falso”, recordó Orsi y mencionó: “la propia empresa admitió que esa garantía era inexistente”.
“Las garantías son las que permiten que ese contrato entre en vigor, pero decidimos darle todas las garantías a la empresa”, dijo Orsi; parte de la oposición argumentó que el contrato de garantía es accesorio al contrato fundamental. Dijo que de todas formas se entabló diálogo con el astillero “porque quizá hubo cosas que se podían solucionar, más allá de la gravedad del asunto”.
“A partir de ese momento seguimos recabando pruebas, recopilando información, y en ese marco”, señaló el presidente, “nos encontramos con que la garantía de anticipo financiero o reembolso no cumple con lo que establece el contrato”. A tal punto es así que el documento que tenía el Ministerio de Defensa no era la póliza, sino un “documento de términos y condiciones”. De este modo, hubo inconvenientes “en las dos garantías, que para nosotros son un elemento sustancial para que el contrato entre en vigor, porque es esta una acción de derecho público, donde el contrato no camina si esto no estaba claro”, advirtió el mandatario.
Sin tibieza
Tras recordar este contexto, días atrás, tras el Consejo de Ministro, el gobierno comunicó la rescisión del contrato de suministro de las OPV “por incumplimientos contractuales graves” e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones “para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”; definir “responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar”; y, por último, “procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas, tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional”, enumeró Orsi. “Esta rescisión tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determinan que el contrato funcione o no”, aseveró.
La decisión desató todos los demonios y el PN, -en la creencia que se atacan los “logros del gobierno anterior” y a su máximo capital político Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou Herrera Brito del Pino-, salió con los tapones de punta; haciendo énfasis en la eventualidad que al Estado le recaerán juicios; que no se contará con patrullas y “los narcos” estarán de fiesta al seguir el mar desprotegido. Si hubiera animadversión con la gestión anterior no se hubiera continuado con la adquisición de radares y de los aviones tucano.
Al pasar a lo ofensiva, obvian dar explicaciones, que todos esperan. “Parecen los abogados de Cardama” dicen, con sorna, desde el oficialismo.
Solo enredos
El culebrón, agrega otro capítulo: el senador Sebastián Sabini, (MPP-FA) solicitó la conformación de una comisión preinvestigadora para que “analice todo el proceso”; cargado de opacidad, irregularidades y permisividades. En réplica, -aduciendo que allí están todos los partidos-, el PN planteó otra preinvestigadora en Diputados. Gente de medios, generadores de opinión, ofuscados, cuestionan el tratamiento que se le ha dado al tema. Esto recién empieza y el gobierno demuestra decisión; tal cual pide su base.
Habrá mucha tela para cortar y el desafío será que la gente común no se fastidie, como los generadores de opinión y contrapongan este tema con los problemas estructurales del país, y crean que esto es una pelea por “relatos” entre oficialismo y oposición. Hay que explicar que esto tiene mucho más hondura y va desde cómo se gestionan los recursos públicos hasta quebrar cierto halo de infabilidad y tufillo de superioridad.
