El Uruguay dispone de un conjunto normativo que, eventualmente, facilitaría el acceso a la vivienda en un país cuya población no crece, pero mantiene un déficit habitacional de 60/70 mil viviendas. El déficit, obviamente, golpea a los sectores más pobres.
Días atrás la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que permite la abreviación del trámite expropiatorio de bienes inmuebles con deuda compensable.
La iniciativa de legisladores del Frente Amplio, con aval del MVOT, fue aprobada con un amplísimo respaldo, (80 en 83) que excedió los votos de la bancada oficialista. Los dos legislaadore de Cabildo Abierto (Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita) y el colorado Juan Martín Jorge se opusieron.
Cuenta el Observador que “por lo general, la expropiación de bienes inmuebles con deuda compensable es un mecanismo utilizado por las intendencias que, dada la normativa vigente, acarrea algunas dificultades, por ejemplo, la ausencia de uniformidad en las tasaciones de los inmuebles”.
Montevideo hizo punta y favoreció cooperativas.
El senador oficialista Óscar Andrade comentó al diario cooperativo la diaria que ya existía una “experiencia piloto” a cargo de la Intendencia de Montevideo que “encontró más de 500 predios con deuda compensable”, la mitad de ellos deshabitados. “De ahí se vio a los que, por tamaño, tenían posibilidades para ser adjudicados a cooperativas y se expropiaron cerca de 80; los primeros 12 ya se dieron a cooperativas para construir más de 300 viviendas y ahora hay otros 60 que van a tener el mismo destino”.
Proyecto vale la pena.
Ana Laura Melo, arquitecta y diputada del FA por Flores, comentó cerca del “80% de las propiedades vacantes en el país” no serán alcanzadas por la nueva ley, por lo que hacen falta “más acciones en ese sentido”. No obstante, afirmó que el proyecto “vale la pena”, ya que los inmuebles que sí serán comprendidos “van a ir a los objetivos que establece la ley de ordenamiento”, esto es, “para programas de vivienda, para saneamiento, para red de infraestructura”.
Intendencia con más herramientas.
La comisión de Vivienda de Diputados informó que se buscaba “generar más herramientas” para que los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo puedan “actuar con un proceso extraordinario en aquellos inmuebles que tienen un doble componente”: por un lado, que sean “inmuebles con deudas compensables con el Estado”, y por otro, que su situación actual comprometa “la seguridad edilicia, la salubridad y/o la higiene pública”.
“El énfasis de este proyecto de ley es ir en la dirección de generar transformación, recuperación de inmuebles vacíos, degradados, abandonados que están insertos en nuestra infraestructura existente, subutilizándola, por lo tanto, generando inequidades en la trama urbana y para con la comunidad”, se señala en el informe, y se resalta que “muchos” de estos inmuebles se ubican “en áreas centrales de las ciudades o en posiciones estratégicas para el desarrollo urbano, constituyendo por su estado de conservación un agente causal de múltiples inequidades”.
¡No es así dijo Juan Martín!
“Estamos equivocados si pensamos que el procedimiento extraordinario es más rápido. Eso es desconocer el derecho procesal” dijo el diputado colorado Juan Martín Jorge.
Agregó que tal proceso “le quita garantías a la persona a la hora de limitarle su derecho a la propiedad”. “Si tenemos que elegir dos mecanismos, tenemos que elegir el mecanismo que más garantía le dé a la persona, al propietario”.
¡Ay, la propiedad privada!
Su correligionaria, Paula de Armas fundamentó que el proyecto “lo que hace es reconocer la realidad de los departamentos de nuestro país, de todos, pero sobre todo del interior de nuestro país”. Dicho esto, afirmó que “hay que eliminar miedos y mitos cuando se vota una norma como esta”, dado que “acá nadie va a poder expropiar ni invadir la propiedad privada porque le parece y sin motivo fundado”. “No se está dañando de esta forma la propiedad privada”.
“Voto porque en este momento me estoy poniendo en el lugar de tantos uruguayos y uruguayas que están esperando que lleguemos a tiempo con las herramientas y las políticas públicas de vivienda para brindarles una mejor calidad de vida, pero sobre todo para asegurar el derecho a la vivienda, que está consagrado nada más y nada menos que en la Constitución de la República”.
