El senador del Partido Socialista, Gustavo González, impulsa un proyecto de ley para volver a esta¬blecer un mínimo de 35 metros cuadrados para las viviendas promovidas, cuestionando el modelo ac¬tual de monoambientes y el régimen de exoneraciones fiscales otorgado al sector de la construcción. En en¬trevista con Diario 20once, defendió la necesidad de una mayor inversión estatal en vivienda y criticó que el mercado inmobiliario priori¬ce la rentabilidad antes que el derecho a habitar.
“La ley madre estable¬cía 35 metros cuadrados”.
González explicó que su iniciativa busca retornar al criterio fijado en la his¬tórica Ley de Vivienda de 1928, que establecía una superficie mínima de 35 metros cuadrados para las viviendas. “En 2011 se llevó a 25 metros cuadrados en una rendición de cuentas. Ahí surge el monoambien¬te. Antes ni siquiera existía en la ley”, afirmó.
Según el legislador, el cambio respondió a pre¬siones de la industria de la construcción y del sector inmobiliario.
“Hubo lobby de la Cá¬mara de la Construcción y de la Cámara Inmobiliaria. La ley permitió reducir el tamaño mínimo y además otorgó enormes exone¬raciones fiscales bajo el régimen de vivienda pro¬movida”, sostuvo.
El senador señaló que actualmente las empresas beneficiadas “no pagan IVA en materiales ni otro tipo de impuestos”, y consideró que el esquema termi¬nó favoreciendo más a la rentabilidad privada que a la solución del problema habitacional.
“Un negocio redondo”.
González puso como ejemplo el mercado de Montevideo para explicar el crecimiento de los mo¬noambientes.
“Una vivienda de dos dormitorios de 75 metros cuadrados se vende en unos 150 mil dólares. Pero si dividís esa superficie en tres monoambientes y los vendés a 100 mil dólares cada uno, terminas obte¬niendo el doble”, indicó.
Aclaró que no pretende prohibir los monoambien¬tes, pero sí quitarles los beneficios fiscales.
“¿Querés construir 25 metros cuadrados? Cons¬truí. Pero no subsidiado por el Estado”, expresó.
Además, sostuvo que organismos especializa¬dos ya cuestionaron este tipo de soluciones habita¬cionales. “La Facultad de Arquitectura y la Sociedad de Arquitectos plantea¬ron que eso no puede ser considerado una vivienda adecuada”, dijo.
“La vivienda promovida no resolvió el déficit”.
El senador reconoció que el régimen de vivienda promovida generó empleo, pero aseguró que no cumplió con otros objetivos planteados originalmente.
“Uno de los argumentos era aumentar el trabajo, y eso sí se cumplió. Pero no logró reducir el déficit habitacional”, afirmó.
Según González, el principal problema es que quienes sufren el déficit de vivienda no tienen capacidad económica para acceder a las unidades construidas.
“El que está en déficit habitacional no puede comprar un apartamento de 120 mil dólares. Los que compran muchas veces son inversionistas”, señaló.
También criticó el uso de las viviendas promovidas como mecanismo de inversión. “Hay gente que compra diez o doce monoambientes para alquilar o revender”, afirmó.
Déficit habitacional y mayor inversión estatal.
González sostuvo que Uruguay mantiene un déficit cuantitativo de entre 65.000 y 70.000 viviendas, mientras que el déficit cualitativo alcanza unas 140.000. “Para la población que tenemos es muchísimo”, advirtió.
A su entender, el Estado debe aumentar la inversión pública en vivienda. “La construcción es una industria multiplicadora de empleo. Invertir más en vivienda también mueve el trabajo”, indicó. En ese sentido, vinculó el problema habitacional con la pobreza infantil y los bajos salarios.
“El niño pobre no tiene padres ricos. Hay trabajadores que ganan 16 mil pesos por mes y tienen que hacer changas para sobrevivir”, expresó.
Casas vacías y expropiaciones.
Otro de los proyectos impulsados por González apunta a agilizar la recuperación de viviendas abandonadas o deshabitadas. “En el país hay unas 74.000 viviendas vacías, según el último censo”, afirmó.
La iniciativa, aprobada por unanimidad en el Senado, busca facilitar los procesos de expropiación y recuperación de inmuebles abandonados o con deudas acumuladas.
“Si una vivienda está vacía hace cinco años y tiene deuda, el Estado debe poder intervenir. Y si representa un peligro para la ciudad, con más razón”, explicó.
El senador destacó que la propuesta contó con respaldo de intendentes de distintos partidos políticos.
“La vivienda tiene mucho que ver con las intendencias, porque muchas veces son ellas las que aportan tierras para los proyectos habitacionales”, señaló. Actualmente, el proyecto se encuentra a estudio en Diputados.
“El debate no va a ser fácil”.
González reconoció que la discusión parlamentaria sobre los cambios a la vivienda promovida enfrentará resistencia del sector empresarial. “La Cámara Inmobiliaria y la Cámara de la Construcción ya salieron a criticar el proyecto antes incluso de que terminara de redactarlo”, comentó.
Sin embargo, destacó que el proyecto fue firmado por todos los senadores del Frente Amplio. “Eso quiere decir que están de acuerdo”, concluyó
