El proyecto Diálogo Universidad-actores sociales procesó una serie de encuentros que generaron un documento “plataforma social sobre aportes a la política y plan quinquenal de vivienda 2025”. Tras definir quién son, “expresan que “el derecho a la vivienda está reconocido por nuestra Constitución en su artículo 45 y por el artículo 1° de la Ley de Vivienda, N° 13.728 de 1968, así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Estado uruguayo”. La plataforma manifiesta que la carencia de vivienda “se trata de uno de los principales problemas de nuestra sociedad, con repercusión directa sobre otros derechos humanos básicos como la salud, la educación o el trabajo”.
Enorme capacidad propositiva.
Tras listar un conjunto de problemas de distinta entidad, plantean soluciones. Veamos, algunas de las propuestas:
Asegurar el acceso al suelo residencial, mediante la oferta pública (Carteras de Tierras) y una gestión del estoc adecuada con una visión de ciudad integrada, diversa y democrática, ocupando y densificando las zonas consolidadas y garantizando la conectividad, servicios y equipamientos adecuados. Para ello el Estado deberá reapropiarse de las plusvalías generadas por los proyectos de revitalización y promoción de ciertos sectores de la ciudad y asignar los terrenos con criterios incluyentes.
Generalizar a todo el país las soluciones de saneamiento seguro (por colector o sistemas alternativos en pequeñas localidades), lo que implica cubrir los costos para la construcción de las infraestructuras y posteriormente para su mantenimiento. En todos los casos, debe tenerse en cuenta que la vivienda se construya en ambientes saludables.
–Elaboración participativa de las políticas habitacionales y en particular del Plan Quinquenal de Vivienda 2025, en coordinación con las políticas urbanas y territoriales, convocando el ámbito multiactoral ya establecido en la Ley de Vivienda (art. 76): la Comisión Asesora de Vivienda (COAVI), incluyendo a nuestras organizaciones, tomando en consideración sus recomendaciones, y asegurando la participación de los destinatarios en la ejecución y seguimiento de los distintos programas.
-Aumento sustantivo de la inversión pública en vivienda social; los recursos anuales del Fondo Nacional de Vivienda (FNV) deben ser llevados como mínimo a un monto igual al 2% de la masa salarial del país (los salarios de todos los trabajadores, públicos y privados), tal como se estableció en 1968 en la Ley de Vivienda. Esto debe hacerse mediante la asignación de recursos específicos y permanentes para el FNV. Para lograr esto, que implicaría aproximadamente duplicar los recursos actuales, se podría incrementar los impuestos a la riqueza; restituir el aporte patronal privado del 1% sobre las remuneraciones pagadas, derogado en 1992, así como redireccionar otros impuestos que no estén dedicados a políticas sociales.
-Generar un fuerte impulso a la solución de las carencias extremas de vivienda (precariedad concentrada en asentamientos y dispersa en las ciudades) de manera de resolverlos en una década y volver a los niveles históricos de los primeros años de producción de vivienda social del Plan de Vivienda (cooperativas; MEVIR; viviendas para adultos mayores -ampliando el perfil de destinatarios-; autoconstrucción con apoyo técnico; compra de vivienda usada; mejoramiento del estoc urbano y rural; ampliación y conexión de servicios, así como apoyar otras formas de acceso con colectivos organizados)
-Exoneración de todos los impuestos que gravan la vivienda social, particularmente del IVA, y que significan un recorte de los recursos aplicados. No se deben aplicar subsidios ni exoneraciones a la producción especulativa con recursos del Fondo Nacional de Vivienda ni financiar con los mismos proyectos que no son de vivienda social. Debe revisarse el sistema de “vivienda promovida”, ya que la renuncia fiscal que se hace no beneficia a los destinatarios esperados, y derogar la disposición por la cual se estableció al monoambiente como una forma de vivienda adecuada.
La academia y las organizaciones sociales que conforman el espacio que elaboró la plataforma se juntará el 21 de marzo en Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales.
