Como reseñamos en un artículo en la edición anterior de El Cooperante (72), el derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental en sí mismo y habilitante de otros derechos. Sin una vivienda adecuada se vuelve imposible ejercer plenamente los demás derechos humanos.
Nuestra región latinoamericana se ha caracterizado por la producción de vivienda por parte de los sectores populares que, ante la falta de políticas o recursos adecuados desde el Estado, han hecho ciudad con sus esfuerzos individuales y colectivos. También nuestra región, y especialmente nuestro país ha desarrollado experiencias de producción social del hábitat, como el cooperativismo, mostrando que cuando se cuenta con los recursos y marco de políticas necesarios, se puede desarrollar el potencial de esa ciudad construida en clave de lo común.
Por ello en este Resumen de la Nota anterior, volvemos a destacar la Campaña latinoamericana, Nuestros barrios, nuestros derechos, nuestras ciudades. Una articulación que reúne a más de 60 organizaciones nacionales e internacionales; asociaciones y grupos de base barrial, junto a academicxs y tecnicxs comprometidxs con el mejoramiento de barrios.
El aporte fundamental de la Campaña, donde hemos trabajado por más de 2 años, ha sido poner en forma integral la importancia del abordaje desde los derechos humanos, contando con la activa participación de todas las personas que habitamos las ciudades y territorios.
La Campaña también incorpora en su marco conceptual la importancia del enfoque interseccional(1) y de género, para responder a las exclusiones estructurales y generar respuestas que contribuyan a una igualdad sustantiva, partiendo de reconocer las problemáticas y exclusiones particulares que enfrentan las personas y grupos según su situación socioeconómica, identidad de género, etnia, edad, etc.
Esta visión, nos llevó a un trabajo colectivo y regional, confluyendo saberes, compartiendo experiencias de buenas prácticas y desarrollando propuestas.
Invitamos a conocer el documento de demandas y propuestas que recoge esta integralidad de abordaje en 10 puntos con un desarrollo de las problemáticas a la que se pretende dar respuesta y con ejemplos que demuestran que es necesario enfocarse en experiencias y reformulaciones de manera participativa, con voluntad política y presupuesto adecuados, con espacios de coordinación, participación y rendición de cuentas.
- Derecho al Suelo y a la vivienda adecuada
- Seguridad de la tenencia
- Infraestructura, servicios, equipamientos.
- Habitabilidad y Condiciones ambientales.
- Economía Social y Solidaria
- Redes de cuidado y ayuda mutua
- Violencias.
7.1. Violencia basada en problemas psico-sociales
7.2. Violencia basada en género
- Criminalización, discriminación institucional, crimen organizado y violencia del estado.
- 9. Co-creación y autogestión.
10. Visibilidad y registro participativo.
Estas propuestas pretenden contribuir a la realización del Derecho a la ciudad(2), para gestionar el territorio en clave democrática y como parte de una visión de bienes comunes, que den un mayor provecho a los esfuerzos que hacemos como sociedad, y que el Estado debe honrar. Ciudades que sean espacio de derechos hoy y para generaciones futuras.
Ivahanna Larrosa – Arquitecta. Investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (CIEDUR), encargada del Eje Hábitat y Derechos. Ha sido Co-coordinadora (2020-julio 2023) de la Campaña Latinoamericana Nuestros barrios, nuestros derechos, nuestras ciudades. Miembro de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad
(1) La interseccionalidad es una herramienta de análisis que nos permite identificar distintos componentes que tienen impactos diferenciados según las identidades de las personas en un contexto y sociedad determinadas. Esto nos permite visualizar las discriminaciones o impactos diferenciados que pueden sufrir las personas, según su identidad de género (mujeres respecto a varón, personas LGBTIQ), su condición socioeconómica (personas viviendo en pobreza), su condición migratoria o por su localización dentro o fuera de la ciudad, entre otras. El análisis interseccional nos permitirá́ llegar a diagnósticos más claros respecto a las vulneraciones y desigualdades que sufren las personas para el ejercicio de derechos y acceso a oportunidades, en función de las múltiples capas que hacen a su identidad o situación social, y en consecuencia poder definir respuestas adecuadas para la garantía de sus derechos humanos
(2) El Derecho a la Ciudad es el derecho de todxs lxs habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos humanos justos, inclusivos, seguros y sostenibles, definidos como bienes comunes esenciales para una vida plena y digna.
