El manejo discrecional de los recursos, en buena parte de las Intendencias, ha puesto en la picota, con más preocupación, tales prácticas. El clientelismo, favorecer amigos, etc, ha costado alguna intervención judicial pero no su total erradicación.
Los intendentes, -en la revisable mayoría automática de la Junta Departamental- y el clientelismo ramplón cimentaron, casi en exclusividad, largas gestiones (incluso de 4 periodos, 20 años) de caudillos (y partidos) que pasaron a ser casi señores feudales; sin que nada los afectara para actuar como patrones de estancia.
Uno de las cartas que usaban para perpetuarse, eran los ingresos a las Intendencias a cambio del voto personal y familiar en Departamentos donde estos organismos son casi los únicos demandantes de mano de obra.
Abrumados por el posicionamiento crítico de la opinión pública, organizaciones y algunas colectividades políticas, los intendentes hicieron un proceso aceptando legislar la forma de ingreso; lejos del dedo índice. Los argumentos para oponerse son que violentan las autonomías, que la iniciativa es inconstitucional, que no se puede legislar desde un escritorio, que no se conoce al interior, etc, etc.
Todo hace suponer que los ingresos, con excepciones, se harán mediante concurso o sorteo. Los caudillos al frente de las Intendencias perderán parte de una herramienta con la cual disciplinaban voluntades.
Todas las Intendencias celebraron el reciente acuerdo con el gobierno por las transferencias de recursos, lo que ameritó un asado celebratorio con el presidente. Parte de ellas, debieron revisar los gastos, achicar las horas extras, pensar en fideicomisos y otros recortes. Hay casos escandalosos.
Exceptuando Montevideo, Canelones y Maldonado, a las 16 Intendencias se les hará imposible subsistir sin los aportes del gobierno nacional.
