El pasado miércoles, en conferencia de prensa, flanqueado por Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia y Jorge Díaz, prosecretario, el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato con Cardama; empresa que estaba construyendo dos patrullas oceánicas. El proceso venía muy embarrado. El contrato, de 82 millones de euros, exigía el establecimiento de dos garantías: una de reembolso por el monto del primer hito del contrato (8.227.000 euros) y otra de fiel cumplimiento por un importe equivalente al 5% del precio del contrato (4.113.500 euros)
El estudio Delpiazzo, que asesora al Ministerio de Defensa, planteó críticas al borrador de garantía presentado por Eurocommerce porque no cumplía con lo establecido en el contrato.
El gobierno tiene fuerte indicios que el Estado fue víctima de un fraude o estafa por parte de Cardama. Hubo luces rojas desatendidas.
Orsi anunció denuncia penal, acciones civiles y administrativas para determinar posibles responsabilidades en la contratación a Cardama. El ex ministro de Defensa, ferviente defensor del contrato, Javier García, asegura que se trata de una operación política del gobierno. Otros nacionalistas, sin dar su nombre, expresan que se “iniciaría una cacería” y que Jorge Díaz “tendría el encargo de hacerlo”. También está todo lo relacionado con la gestión anterior en ASSE. Tras esto se desataron todos los demonios.
