En Torre Ejecutiva, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y los representantes de HIF Global, Víctor Turpaud y Martín Bremermann, firmaron un memorándum de entendimiento. En el mismo se detallan las características del proyecto. El mismo incluye otra planta de captura de CO₂ de fuentes industriales y biomasa, más sendas plantas para transformar el hidrógeno verde y el CO₂ en e-metanol y para generar e-gasolina que convierte el metanol en gasolina sintética y en e-gas licuado. Es parte del paquete las construcciones de parques de energía renovables y otros servicios.
En el memorándum, que no se conoce, “precisa que, a partir de 2029, está previsto concretar exportaciones por un valor medio anual de 253 millones de dólares, en el primer módulo, y 1.012 millones de dólares, una vez que los cuatro módulos estén operativos. Europa y Asia serán los principales destinos de la exportación”.
El documento establece la constitución de sendos comités. Uno de seguimiento del proyecto de alto nivel y otro técnico para la observación diaria del funcionamiento. No se prevé la participación de la sociedad civil ni de la academia.
El proyecto asumiría la producción de unas 880 mil toneladas por año de e-combustibles en su última fase. La producción se desplazará en tren a Montevideo y de ahí, vía portuaria, a Europa.
HIF habla en el memorándum que ocuparía 1.400 personas, en la fase constructiva y 300 cuando funcione a pleno. En el citado documento se ajuste la inversión. Se había hablado de 6 mil millones de dólares, hoy ajustaron y la cifra es de 5.385 millones de dólares. Se levantará en el lugar previsto.
HIF global ya cuenta con la aprobación de la viabilidad ambiental de localización, categoría C, (de alto impacto ambiental), paso previo para seguir con los tramites y obtener la Autorización ambiental previa (AAP) y así presentar su estudio de impacto ambiental.
El tema en las comunidades.
Al tiempo que jerarcas de la IDP, PN y otros actores aplauden la iniciativa bajo el argumento que Paysandú precisa inversión y empleo; otros impugnan y/o reclaman más información.
Como se sabe sendos colectivos sociales juntan firmas, aunque con propósitos diferentes. La Intersocial plantea reubicación de la planta, mientras el grupo UPM 2 No se propone lisa y llanamente la prohibición de levantar la planta. Por otro lado, la iniciativa puede tensionar la interna local del FA.
Desde hace un tiempo distintos sectores vienen pidiendo un debate sobre el asunto; aunque hoy “el pescado” parece estar vendido. Habrá que ver la reacción allende el paterno.
A todo esto, sin mayor aspaviento, la empresa alemana Enertrag presentó información sobre su proyecto para producir 84 mil toneladas anuales de “metanol verde” en la zona de Tambores; entre Tacuarembó y Paysandú.
Los alemanes que tienen como socio a SEG Ingeniería, está desde febrero de 2024, tramitando la solicitud de Autorización Ambiental Previa (AAP) requisito fundamental.
Enertrag, manifestó, -según relata El Observador-, “que el proyecto necesitará 675 m³ por día, de los cuales 660 m³ serán del uso industrial y 15 m³ por el abastecimiento de servicios al personal”. El consumo es anual. En este tema sensible, sostienen que tienen varias fuentes de agua. La fuente principal será una represa que se construirá sobre la cañada Chacal en Tacuarembó. La misma tendrá un espejo de agua de 13 hectáreas y un volumen de almacenamiento de 118.500. Tendrán como alternativa un embalse cerca de la planta y perforaciones en un sector del Acuífero Guaraní.
En lo energético piensan utilizar renovables (eólica y solar) Para ello se implantarán 33 aerogeneradores que permitirán producir 194 megavatios de energía eólica, un parque solar de 188 megavatios. Para su primer año de funcionamiento, los alemanes estiman generar 1.165 GWh de energías renovables; 70% del parque eólico y 30% del parque solar fotovoltaico. El proyecto, -con observaciones y a estudio de las autoridades de Ambiente-, sigue en carrera.
Recurso en el TCA. Dos organizaciones civiles que integran el colectivo Amigos del Océano presentaron este martes 16 de diciembre un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para que se suspendan, de forma provisional, las autorizaciones ambientales previas otorgadas por el Ministerio de Ambiente a los proyectos de exploración sísmica offshore. Plantean que la habilitación fue otorgada “de forma ilegítima” y que el análisis de riesgos excluyó de forma “arbitraria y no reglada” la evaluación sobre el impacto en la fauna.
