En Uruguay muchos se jactan de la existencia de una democracia plena; asunto desmentido por la realidad. En nuestros sistemas, los poderes fácticos arman agendas, inducen definiciones que los favorecen siendo que nadie los vota. Uno de esos poderes, pese a la emergencia de las redes (anti) sociales son los dueños de los canales privados abiertos de TV de Montevideo que utilizan un bien público en su estricto beneficio sin aportar un peso; por el contrario, este gobierno los ha protegido y beneficiado económicamente. Seguramente, al decir de un legislador opositor, “amor con amor se paga”.
En un escandaloso procedimiento, violentando el decoro parlamentario, en víspera del proceso electoral, -y sobre tablas, rotulado como “grave y urgente”-, el pasado 14 de mayo, la coalición de gobierno votó la nueva ley de medios.
La nueva ley, que tenía media sanción en Diputados, deroga la vigente (19.307) que el gobierno resistió su aplicación. La vigente fue aprobada durante el gobierno de Mujica que también los medios buscaron por todos los medios voltear; cuestión que lograron con el actual gobierno.
Con la votada el martes, a las apuradas, se aumenta la cantidad de licencias por titular (persona física o jurídica); cinco en área metropolitana y hasta seis en el resto del Uruguay “para prestar servicios indistintamente en cualquiera de las bandas de radiodifusión y de televisión abierta”. Además, establece “en caso de que la misma persona física o jurídica o grupo económico sea titular total o parcialmente de licencias tanto en la zona metropolitana como en el resto del país, no podrá superar en su conjunto la cantidad de seis licencias”. En el caso de la televisión para abonados por cable se impone un nuevo tope de ocho licencias”.
Por otra parte, se sigue debilitando a Antel, al habilitar que los cableoperadores puedan usar internet, usando la infraestructura de la empresa telefónica nacional.
El gobierno, que le dispara a la regulación de la publicidad electoral y a blanquear las campañas, no incluyó ninguna norma; aunque se comprometió a tratar asunto más adelante. La Diaria señala que “actualmente, el criterio de reparto de estos espacios es un 20% en partes iguales entre todos los lemas que compiten en la elección y un 80% en base a los votos obtenidos en la última elección”.
Es obvio, que esta ley, -que ingresó al Parlamento en el 2020-, convalida una situación de hecho; los beneficiarios tienen nombre y apellido. También es obvio que medió un acuerdo con el oligopolio, -tuya y mía-, y con Cabildo Abierto. El partido del general impulsó el “derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada”; por lo que se agregó en la ley que “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. Por otra parte, se designa por 6 seis años el director del Servicio de medios públicos.
Mientras el gobierno piensa en llegar en mejores condiciones a las elecciones, acordando con el oligopolio de los medios, que es histórico, cierran empresas y la pobreza aumenta, sin que muestren la misma sensibilidad que tienen a la hora de favorecer a estos intereses. Durante sus tres gestiones el FA realizó algunos cambios, pero actuó con tibieza frente al oligopolio y ello les resta fuerza a sus actuales planteos.
