Al poco tiempo de asumida la actual administración de la IDP quedó claro que el emblemático proyecto socio urbano en la ex Paylana no sería de interés. En este caso, a diferencia del fideicomiso -que incluso se contrató a la arquitecta Clara Arcieri- la gestión de Olivera no asume la continuidad institucional.
Con tal panorama y conscientes de la situación, las Federaciones involucradas, las propias cooperativas y sus Institutos asesores se reunieron, al despuntar la gestión con el propio intendente para generar un espacio de trabajo. Tras el planteo, el funcionario facultó al director de Obras, ingeniero Horacio Mársico, para que comenzara a reunirse con los actores involucrados. Todo parecía auspicioso.
En el año 22, se realizaron un conjunto de reuniones con las cooperativas articuladas desde la Dirección de Obra.
Los jerarcas y funcionarios tuvieron un tiempo para familiarizarse con el proyecto y, eventualmente, ajustar algunas medidas y articular con otros organismos.
El espacio permitió, al menos, tres cosas:
– dar inicial cumplimiento al decreto 7760/2018
-recibir aportes de la propia gente
-resolver temas indefinidos, por ejemplo, caseta de la subestación de UTE
Compremos tiempo
El espacio generado reveló su utilidad. Ahora, -recuerden que no es prioridad para la IDP-, en cuanto pudo, comenzó a dilatar los encuentros hasta extinguirlos.
La significación del proyecto, un antes y un después en la ciudad, comienza a ser internalizada, no sin dificultades, por la ciudadanía. Sin dudas, el mismo debe ser uno de los más relevantes realizado en Paysandú en las últimas décadas. Sin entrar en el origen del mismo, conviene adentrarse en lo que marca el decreto que continenta el proyecto.
El decreto 7760/2018, emitido por la Junta Departamental (JD) en el periodo anterior, tiene poco más de 60 artículos. Uno de sus objetivos tiene la intención de “promover el desarrollo general del sector norte de la ciudad de Paysandú, acondicionando el territorio en cumplimiento de los principios de no segregación territorial, e integración social, optimizando sus recursos naturales y construidos”.
Asimismo, se indicaban los requerimientos generales para espacios públicos, servicios y equipamiento urbano. Dada la complejidad de la “bajada a tierra” se previó que la intervención de la IDP se hiciera en etapas. Una primera tuvo que ver con el acondicionamiento del sitio y el desmontaje selectivo y ordenado de la parte de la planta física, completar red de pluviales “y construcción de servicios y equipamiento dotacional de edificios culturales y educativos tales como el CAIF y el Politécnico de UTU”. Además, de avances en la “creación de la red primaria de estructuradores…y de conectividad” con el entorno.
El decreto tiene un artículo, el 16, que habla de una “inserción regulada al entorno inmediato”. Revisión de recorridos de ómnibus y estacionamientos, dado el flujo creciente en la zona. Menciona la necesidad de “una rigurosa separación entre el peatón y los vehículos ligeros en relación al automóvil”.
Un siguiente artículo, el 29, se detiene “en los espacios públicos de uso libre”. Así marca algunas pautas que, naturalmente, requieren estudio. La idea es integrar la ciudad, articular con espacios públicos, generar otros e incorporar especies vegetales.
En relación al equipamiento, “se prevé una dotación funcional variada en cantidad y calidad de equipamiento públicos y privados con el propósito de alcanzar un nuevo desarrollo de una nueva centralidad local”.
El extenso decreto, que es ley para el Ejecutivo Departamental dispuso una conducción. Está claro que la Intendencia es la responsable de mismo, de su seguimiento y monitoreo. Ello se traduce en la conformación de la Comisión de Dirección y Seguimiento; la que convocará a otras reparticiones, Instituciones del Estado y organizaciones sociales (cooperativas, Federaciones, Institutos asesores) Incluso habla de generar “una infraestructura mínina de apoyo administrativo”; olvídate! Tiene amplias facultades para su funcionamiento. ¿Quiénes integran esta comisión?, ¿Cuándo fue designada? Hay poco apego a la institucionalidad democrática y escasa información.
Más adelante preceptúa que “se debe asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio” y estructurar mecanismos de participación vecinal. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Todos ellos “deben intervenir en la implementación del proyecto urbano de detalle”. Por lo que alguien tendrá que leerle el decreto tanto al intendente como a su director de Obra.
Pese al planteo del director, en el sentido que la IDP en relación a este proyecto “no debe nada”, sin proponérselo metió la pata. La gestión que el integra debe dar cuentas de si se creó el Fondo de Gestión Territorial (la IDP ya cobró unas 24 mil UR de las 32 mil que pagarán las cooperativas por la compra de los terrenos) previsto en el decreto; determinando que “se aplicarán para el desarrollo territorial y la implementación del proyecto urbanístico”.
Amnesia
Sin mayores dificultades, el pasado 4 de julio se hicieron presentes en la inauguración de Covilan 50, tras 54 meses de obra, la cúpula de la IDP, incluyendo el director de Obra. Tuvieron la comodidad que, esta vez, las cooperativas no exteriorizaron el incumplimiento que viene teniendo la administración Olivera. Incluso el intendente se dio el lujo de hablar y, sin responder por los incumplimientos, acuñó frases que suenan interesante. Mencionó, en presencia de técnicos, dirigentes de FUCVAM y de la ANV, el “coraje, sacrificio y orgullo”. Días después, en concertada acción, el mentado funcionario, salió el domingo 8 en el diario local, relativizando el contumaz incumplimiento.
La negligencia, en definitiva, es un problema particularmente del Ejecutivo y de la propia JD. Para sorpresa de los presentes y generosidad de la cooperativa anfitriona, el propio presidente de la JD, -sin que haya hecho nada para convocar la Comisión de Seguimiento de la Corporación- usó de la palabra. El descaro no tiene límites.
Los hechos determinan, con claridad, que la IDP no tiene priorizado el proyecto en la Ex Paylana. Por esto mismo, no vacilan en incumplir, con poco apego a lo legal-administrativo. En el fondo, no se comparte que trabajadores y sectores vulnerables puedan estar haciendo ciudad en la trama consolidada con todos los servicios generando un hábitat digno. ¡Es una cuestión de clase!
En lo operativo, hay menos margen para generar una política clientelar, dependiente de los funcionarios de turno. Política con la que el partido en la administración se siente cómodo. El incumplimiento también interpela a la oposición departamental; muy quieta en el asunto. Con otra actitud y fuera de la sede central pudo darle volumen a los reclamos y perspectiva.
A menos de un año de concluir la gestión, es muy poco lo que se ha hecho. La falta de estudios, asunción de responsabilidades, planificación de obras y opacidad reinan, amparados en un supuesto desinterés de la gente y de la política.
Claramente estamos un proyecto integrador, no excluyente ni segregador, con el plus de densificar la ciudad y optimizar uso de las infraestructuras existentes.
La gente organizada se dará los mecanismos democráticos para hacer valer sus derechos, sin tutorías.
