El superior gobierno encabezado por el herrerismo no se ha caracterizado por su prolijidad desde que saltó que un hombre de confianza del inquilino de Torre Ejecutiva delinquía desde el cuarto piso. Alejandro Astesiano, entonces jefe de la seguridad presidencial y viejo conocido de la familia Lacalle consiguió un juicio abreviado y cerró una parte de la investigación acordando con la entonces fiscal Gabriela Fossatti, tiempo después dirigente del Partido Nacional, ahora Colorada.
Es obvio de toda obviedad que a ese nivel y por su investidura tenía frecuentes contactos con el presidente, ministros y otras autoridades.
Oportunamente, la fiscal Sabrina Flores, que subrogó a la renunciante Gabriela Fossati, solicitó a su jefa administrativa la fiscal Mónica Ferrero (muy elogiada por el PN) -que cubría al subrogante Juan Gómez- autorización para periciar en el exterior el teléfono de Astesiano para recuperar diálogos, chat con Lacalle Pou Herrera Brito del Pino. “Desde entonces, la pericia ha estado en el candelero, especialmente luego de conocidos el seguimiento al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y la captura de un chat en el que Astesiano ponía al presidente al tanto de la maniobra, revelados en el libro El caso Astesiano, de Lucas Silva. La aparición de esa captura en un chat entre Astesiano y un policía fue lo que motivó a Flores a intentar recuperar las conversaciones entre el excustodio y el presidente, excluidas al inicio de la causa por la fiscal Fossati a pedido del gobierno”, señala Brecha.
La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), “señaló que ninguna de las normas que regulan el funcionamiento de la FGN “autoriza” al fiscal de Corte “a dar órdenes, recomendaciones o valoraciones sobre el fondo de asuntos en trámite –casos concretos– que sigan las distintas fiscalías”. Entienden que, al negar solicitud, vaya a saber por qué, la subrogante del subrogante se extralimitó. Creen que implicaría “una intromisión en la independencia técnica” de los fiscales. “La directiva de AMFU, dice la publicación, también rebatió el argumento sobre la necesidad de que el celular, para ser periciado, deba ser decomisado previamente, y remarcó que no hay establecido ningún límite para el número de pericias a hacerle a un objeto. La resolución en cuestión, además, no fue cargada al sistema de información interno que consultan los fiscales”.
Brecha adelantó que el senador Charles Carrera, “como víctima de la causa, solicitó…(…)… que Gómez revea la decisión”. Esto es sin dudas, por el personaje involucrado, un hierro caliente.
