El actual gobierno, de salida, se propuso, pese a la oposición del FA, la academia y organizaciones ambientalistas, construir una planta potabilizadora de agua, una estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kms. La nueva planta sumaría 200 mil metros cúbicos de agua al área metropolitana, tomando agua del Río de la Plata en Arazatí, San José. El gobierno de Lacalle Pou Herrera Brito del Pino había descartada el proyecto Casupá que el FA dejó en carpeta.
Días pasados, el 19 de noviembre, la Justicia levantó la medida de “no innovar” lo que habilita la firma del contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo (Saceem SA, Berkes SA, Ciemsa y Fast Ltda), previa expedición del Ministerio de Ambiente sobre las cuestiones ambientales. Las organizaciones sociales habían impugnado, judicial y políticamente, el proyecto. El costo de las obras ascenderá a 304 millones de dólares y el Estado abonará 885 millones tras 20 años de contrato, pagando un canon anual de 45.6 millones de dólares más otros 5 millones por costos operativos. El FA discrepó con esta alternativa y, ahora, la gente se pregunta si frenará el proyecto, renegociará ciertas condiciones o le dará luz verde.
