A último minuto, con el propósito implícito de generarle dificultades al gobierno entrante, el saliente, toma medidas que comprometen a la futura administración. Presupuestación de cargos políticos por doquier, escandaloso en ASSE, deudas con proveedores y la frutilla de la torta: la firma del contrato con el Consorcio Aguas de Montevideo (empresas Berkes SA, SACEEM SA, CIEMSA y FAST LTDA), para lleva adelante un proyecto (Arazatí-Neptuno) de extracción de agua del Río de la Plata para complementar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana. Un extraordinario negocio para estas empresas que no resuelve el tema de fondo, compromete las inversiones de OSE y las tarifas, tiene rechazo del gobierno entrante, la academia, vecinos, productores y organizaciones ambientales. Pero es más fuerte el negocio empresarial a costa del Estado, fomentado por quienes piden “achiquemos el Estado”.
Además, no está clara la situación financiera que deja el gobierno de Luis Alberto Alejandro Aparicio Lacalle Pou Herrera Brito del Pino que se refugiará en un centro de estudio de la realidad nacional.
